Según Normativa 2619-06 del Ministerio de Economía y Hacienda, desde mediados de febrero de 2007 los locutorios,  casas de cambio y remesadoras tienen que identificar a los clientes que les solicitan operaciones de cambio de moneda extranjera o servicios de envío de dinero, con procedimientos nada sencillos.

IDENTIFICACIÓN. Para remesas en cuantía inferior a 3000 euros se debe pedir al  remitente que exhiba documento de identidad e indique el domicilio. Si  la transferencia  sobrepasa los 3000 euros, el agente debe  completar esta  documentación: un formulario de conocimiento del cliente, el número de DNI, NIE o pasaporte, un justificante de la dirección (por ejemplo un contrato de alquiler), la nómina de su trabajo, la cuenta bancaria. También se pide al usuario del servicio  aclarar la procedencia del dinero, presentando su nómina y otros documentos. Cualquiera de que sea el monto de la remesa, el agente debe conservar los  documentos e informaciones  y el soporte para el registro electrónico por seis años.

COMPLICACIONES. La normativa tiene como objetivo evitar el blanqueo de capitales, pero es una medida que ha complicado la operación de remesas y elevado los costes a ella asociados; porque implica  cambiar los sistemas de control en la base informática y  requiere mayor actividad en scanners, fotocopias y  más tiempo para el empleado que debe atender al cliente y pedirle un cúmulo de datos y documentos.

ENFOQUE EQUIVOCADO. Para Iñigo Moré, director de Remesas.Org  esta  normativa,  dirigida a prevenir que las remesadoras “sean utilizadas por delincuentes o desaprensivos” equivoca su enfoque: “en vez de perseguir a los blanqueadores, dicta normas y pone severas limitaciones para   los usuarios. Se obliga a gente normal y a los remesadores a cumplir más de 40 requisitos y medidas de control, por el envío de pequeñas sumas de dinero. Alguien que manda 100 euros no está blanqueando dinero y, sin embargo, nadie puede enviar fondos sin presentar su documentación: pasaporte, DNI o lo que sea. Esto, por ejemplo,  dificulta el envío  a los inmigrantes indocumentados subsaharianos”.